El ex agente Jesús Sosa Saavedra se refirió al tema al comparecer como testigo en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, por dos matanzas ejecutadas por el Grupo Colina, que integraba el declarante.
Señaló que entre mayo y junio de 1988 encabezó el grupo de inteligencia Escorpio, que capturó al adjunto de la Agregaduría Militar de la Embajada de Ecuador, Enrique Duchicela, y al oficial peruano Marco Barrantes, los cuales fueron ejecutados por integrar una red de espionaje.
Según testimonios previos de Sosa Saavedra, ambos fueron conducidos a las celdas del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, en el Comando General de esta arma, en el edificio conocido como "Pentagonito", donde fueron ultimados y sus cadáveres fueron incinerados.
El testigo era conocido como "kerosene" por haberse especializado en incinerar con ese combustible y petróleo los restos de las víctimas de los grupos de inteligencia de aniquilamiento, y reconoció haber participado en otras ejecuciones ilegales.
Aseguró haber recibido felicitaciones del alto mando y del gobierno, entonces presidido por el actual gobernante, Alan García, quien ordenó la operación, según le dijo el jefe del SIE, coronel Oswaldo Hanke.
El ex agente refirió haber integrado el Grupo Colina y haber participado en la masacre de Barrios Altos, zona de Lima en la que, en 1991, el citado ecuadrón de la muerte mató a 15 civiles, incluyendo un niño, por sospechar que eran integrantes de un grupo armado.
Sosa Saavedra confirmó que el mayor Santiago Martin Rivas encabezaba el Grupo Colina y que éste, al frente de un equipo especial, elaboró el "Plan Cipango", y otros de eliminación de sospechosos de terrorismo y otras acciones de guerra sucia.
Acusó al mismo tiempo a los ex jefes del Ejèrcito Nicolás Hermoza y José Villanueva de haber mentido en el proceso, al negar haber tenido mando sobre el Grupo Colina y dijo que las acciones del comando eran financiadas por el Ejército.
El testigo no inculpó a Fujimori, a quien servía el Grupo Colina, según acusación de la Fiscalía, que acusa al ex gobernante de ser autor mediato de las matanzas, por haber tenido firme autoridad sobre los ejecutores.
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